Luis José Chávez

Más de 170 ciudadanos y ciudadanas, incluyendo urbanistas, legisladores, periodistas, intelectuales, artistas,  empresarios y dirigentes de distintos partidos políticos, dirigieron una comunicación formal al Ayuntamiento del Distrito Nacional para solicitarle que  dejara  sin efecto la disposición que prohíbe el estacionamiento vehicular en la  principal zona comercial del Barrio Chino de Santo Domingo.

Además de constituir   un hermoso acto de solidaridad hacia  una comunidad étnica que ha sido un digno  ejemplo de consagración al trabajo, la iniciativa del prestante grupo de munícipes estaba amparada  en una legítima prerrogativa consignada en el artículo 102 de la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, que establece los mecanismos para impugnar cualquier decisión adoptada por la autoridad municipal.

La respuesta del alcalde -que por cierto,  nunca ha cumplido el mandato de la ley que lo obliga a rendir cuentas de los recursos públicos que administra, que  durante sus dos últimos  períodos se  estiman en más de 23 mil millones de pesos-  fue tajante y categórica: “Ese caso está cerrado. Es un tema que ya nosotros ni siquiera lo tocamos”.

De ese modo respondió  el señor Roberto Esmérito Salcedo Gavilán la  solicitud formulada de manera  decente  por respetables  ciudadanos donde figuraban, inclusive, funcionarios del Gobierno y altos dirigentes de su propio partido, así como varios parientes  del profesor Juan Bosch, incluyendo a su hija Barbarita Bosch Quidiello.

La despótica reacción del señor alcalde, no solo  constituye una grosera  descortesía, sino también un desprecio  al mandato de la ley 176-07, que consagra el principio de la participación ciudadana en la gestión municipal, además de implicar un grave acto de usurpación de las disposiciones del artículo 52 de esa legislación que  atribuye ese tipo de competencias  al Consejo Municipal, y no al síndico, que es un funcionario subordinado a la instancia normativa del cabildo.

Con esa a actitud el síndico desconoció la autoridad del presidente del Ayuntamiento, señor Winni Terrero, y de los bloques  de regidores, que acogieron la propuesta de los ciudadanos y se comprometieron a conocerla en el seno del órgano normativo. Lo menos que podría esperarse es que el Consejo de Regidores asuma el papel que le corresponde como órgano de representación ciudadana, sino como un justo  desagravio, por lo menos como un elemental ejercicio de responsabilidad institucional.

Es bueno destacar que entre los 174 firmantes de la solicitud figuran el prominente educador y comunicador Rafael Toribio, el sociólogo y funcionario gubernamental Carlos Dore Cabral, el dirigente empresarial turístico Arturo Villanueva, el destacado dirigente político Hatuey Decamps,  la politóloga  y catedrática universitaria Rosario Espinal, la abogada y comunicadora Carmen Imbert Brugal, el escritor Marcio Veloz Magiolo, la empresaria Raquel Vicini de Guerrero,  el arquitecto y urbanista Emilio José Brea, el historiador  Roberto Cassá, el empresario  Enzo Bonarelli,el ex rector universitario Roberto Reyna, la periodista Inés Aizpún, la urbanista  Amparo Chantada, el general retirado Manuel Polanco Salvador, el dirigente político Antonio Abreu Flores, el crítico de cine Arturo Rodriguez Fernández, el sociólogo Wilfredo Lozano, el dirigente político y tres veces senador Ramón Alburquerque, la comunicadora Consuelo Despradel, el arquitecto y urbanista Omar Rancier, el abogado Jottin Cury, el médico Felix Antonio Cruz Jiminián, la periodista  Patricia Solano, la comunicadora  Lisette Selman, el periodista Ramón Colombo, la artista Sonia Silvestre, el diputado Pelegrín Castillo y el economista  Miguel San  Beng.

Por si lo ha olvidado, si es que alguna vez ha tenido la oportunidad de entenderlo, me permito recordar al  señor Salcedo Gavilán cual es la verdadera naturaleza de la institución que por mandato ciudadano él ha tenido el privilegio de dirigir durante los últimos años, tal como lo destaca en uno de sus libros   el sociólogo urbano español Manuel Castells, en su definición  clásica del  Ayuntamiento:

“Es el nivel más descentralizado del Estado, el más penetrado por la Sociedad Civil, el más accesible a los gobernados y  el más directamente vinculado a la vida cotidiana de las masas populares. En un régimen democrático  el Ayuntamiento pasa a ser el canal de representación que maximiza la expresión de la voluntad popular”.

Qué pena que el actor cómico que nos hemos gastados como autoridad municipal durante los últimos ocho años, no se haya aprendido la parte del guión  que reconoce y valora al ciudadano como  el principal objeto y protagonista de una acción de gobierno.

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