Luis José Chávez

Por Luis José Chávez
El autor es periodista y politólogo

El pasado 11 de agosto la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, que procura entre otras cosas, regular los recursos que entrega el Estado a los partidos políticos, controlar la duración de las campañas electorales y  penalizar  la práctica del "transfuguismo".

La comisión responsable de estudiar y presentar el informe concluyente sobre el proyecto estuvo encabezada por el diputado Rafael Calderón, quien fue uno de los más entusiastas propulsores de la nueva legislación. La decisión de Calderón de abandonar el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para gestionar y aceptar una candidatura del Partido de la Liberación Dominicana implica por lo menos una clara violación ética de uno de los más importantes postulados del proyecto patrocinado por él.

La falta también es atribuible al PLD  y al presidente de la República, doctor Leonel Fernández, que asumieron un compromiso público y formal con la aprobación de la nueva pieza legislativa y en la práctica han hecho exactamente lo contrario, como si entendieran el tema del transfuguismo como un asunto puramente formal, sin mayores implicaciones. Este caso  marca una vez más la levedad y la inconsistencia ética del liderazgo político dominicano. “A Dios rogando y con el mazo dando”.

Es como si los líderes de los partidos y los propios legisladores que patrocinaron y defendieron el proyecto de ley no estuvieran realmente comprometidos con una normativa que no solo regula, sino que sanciona a quienes asuman el transfuguismo político, tal como lo define uno de sus artículos:

“Todo (a) ciudadano (a) que logre una posición mediante elección popular, pierde la posición: por renuncia o muerte, si deja de asistir por lo menos a un 20% de las sesiones del órgano a que pertenece, por haber pasado a ser miembro de otro partido distinto al que lo postuló, por haber organizado otra agrupación política diferente a la que pertenece, por haberse declarado independiente o por promover el uso de símbolos y lemas de una organización política contraria”.

La  decisión  de Calderón es una pérdida para todos los involucrados, comenzando por él mismo. Pierde el PRD a uno de sus mejores cuadros profesionales, pierde  la provincia de Azua  la autoridad y el prestigio de un destacado      representante, y pierde Hipólito Mejía a uno de sus más fieles colaboradores.

Creo, sin embargo, que los principales perdedores son el propio  Calderón y  el partido que lo ha sonsacado. Por una razón muy elemental.  Calderón  abandona su partido sin ninguna garantía de que podrá traspasar su capital político a su nueva agrupación. En la historia del PRD ningún desertor ha logrado arrastrar una fuerza significativa, ni siquiera el profesor Juan Bosch y todos los miembros de la Comisión Permanente que lo acompañaron cuando abandonaron el partido blanco para fundar el PLD. No lo  consiguieron tampoco el doctor Washington De Peña, ex secretario general del PRD, cuando pasó al Partido Reformista, ni el licenciado Hatuey De Camps, cuando enarbolando una posición de principio  renunció a la presidencia  del PRD para fundar un  nuevo partido. 

El riesgo mayor del  PLD es que adquiera un recurso sin ningún valor agregado  y que le presente a los electores de Azua a un candidato con menor incidencia que la que tenía en su partido original, creando la posibilidad de desestimular el voto  de los propios peledeístas  y de los ciudadanos sin partidos que toman en cuenta razones de tipo moral para decidir quien debe representarlo.

Yo también pierdo, no al amigo al que siempre mantendré el respeto y  los afectos personales, sino al modelo de dirigente  que hasta el momento de esta lamentable decisión, siempre mostró una consistente  y responsable firmeza en  la defensa de sus convicciones.

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